El exministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo se negó a declarar este mediodía en la causa que investiga la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la capital de Córdoba, informaron fuentes judiciales.
Cardozo, imputado por omisión de los deberes de funcionario público, eligió el silencio ante el llamado del fiscal Raúl Garzón, y también optó por no hablar con los medios de comunicación, así como sus abogados, Germán Matheu y Lucas Filiberti, que lo acompañaron al edificio de Tribunales II.
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.
De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, murieron por cuadro de «hiperpotasemia» que fue causado «por exceso de potasio inyectada de manera intencional», ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
El entonces ministro de Salud provincial debió renunciar el 25 de agosto tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado los hechos ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.
En su lugar asumió Gabriela Barbás, quien estaba al frente de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de esa cartera.
En la causa también se encuentran imputados por «omisión de los deberes de funcionario público» el exsecretario de Salud provincial Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital Neonatal Alejandro Escudero Salama.
Hasta el momento suman siete los imputados desde que comenzó la investigación judicial, ya que las acusaciones también alcanzan a la exdirectora del hospital Liliana Asís y a las exjefas de áreas del Neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de «omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica».
En tanto, la única detenida, y sobre quien pesa el cargo más grave, es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, quien enfrenta la calificación legal de «homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso», también en grado de «tentativa» por los bebés sobrevivientes y «falsedad ideológica».
Según la investigación preliminar de la causa, que aún permanece con secreto de sumario, Agüero está sindicada como sospechosa de inocular intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés, lo que luego le ocasionó la muerte.
También se investigan ocho casos de bebés que habrían sido inoculados con las mismas sustancias y sobrevivieron, que es lo que motivó que la enfermera también fuera acusada por «homicidio en grado de tentativa».
En una causa conexa, la Justicia investiga si algún funcionario judicial también había sido notificado sobre las muertes sospechosas de los bebés y no actuó al respecto.
